Irwin Stelzer, del Hudson Institute, en su columna de los lunes en el Wall Street Journal definía abiertamente el esquema de ayudas de la UE y el FMI a naciones como Grecia, Irlanda o Portugal como un fraude piramidal de libro, un nuevo caso Ponzi que necesariamente ha de acabar mal.
A aquellos que invirtieron en fondos de Madoff, en sellos de Forum y Afinsa, en docenas de chiringuitos financieros virtuales como FFX, Macro, PRM o incluso en pagarés de Nueva Rumasa no hace falta que nadie les explique lo que quiere decir esto.
Para el común de los mortales, valga una sucinta definición: se trata de aquellas prácticas financieras por mor de las cuáles se promete a los inversores una determinada rentabilidad sin que el destino real de sus fondos la pueda justificar en ningún caso, de modo tal que son los nuevos aportantes de liquidez los que, con su dinero, permiten a los promotores de la idea cumplir con el retorno prometido, alimentando de este modo la “credibilidad” y bondad de su actividad y atrayendo nuevos recursos de incautos.
Una estructura que, funciona bien mientras fluye el efectivo, pero que se deviene insostenible cuando éste se seca. ¿Conocen una cosa que responde al nombre de SS? Pues no se aleja mucho en su formulación actual de reparto a esta realidad. Sobre ella volveremos al final de este post.
Pues bien, sabemos que las ayudas acordadas con los tres países anteriormente mencionados cumplen con una doble condición: establecimiento de medidas estructurales que les permitan corregir los desequilibrios que les condujeron a su precaria situación, por una parte, y devolución del principal más intereses, fijados a un nivel sustancialmente inferior al exigido por el mercado, por otra.
Teóricamente así, uno mejora y al otro no le cuesta. Miel sobre hojuelas. Sin embargo, más allá de la finalidad “bancaria” de parte de ella, y que bien concebida, en Estados Unidos se ha probado como rentable, dos son las paradojas que rodean esta financiación.
1.por una parte, la nueva deuda va a ser utilizada para… hacer frente a vencimientos inminentes de deuda, esto es: para cumplir con el rendimiento prometido con anterioridad a otros tenedores de sus bonos. ¿Les suena?
2.no solo eso, con fuertes tensiones internas de tesorería que amenazan la cohesión social, una parte mayor o menor de la misma irá destinada a hacer frente a los pagos corrientes de las respectivas administraciones internas.
¿Les pitan ya los oídos? Dicho uso sería incluso justificable, en términos de solución de un “mero” tensionamiento de liquidez, si la capacidad interna de generación de recursos financieros de los distintos estados permitiera hacer frente con garantías al problema de solvencia futura que subyace a su situación. Pero no es así. Y es ahí donde entramos en el meollo de la cuestión, esto es:
1.la imposibilidad matemática de que con medidas draconianas de actividad puedan las naciones afectadas lograr los superávits primarios que necesitan para cuadrar sus cuentas;
2.y la incapacidad temporal, debido a sus largos periodos de maduración, de que las reformas estructurales rindan los frutos que de ellas se esperan en el plazo necesario.
De ahí que el discurso haya pasado de la utopía a la cercanía y la palabra restructuración, eufemismo para no aplicar los indecorosos “quita y espera”, esté más que nunca encima de la mesa como un planteamiento que afecte a tipos, plazos o ambos a la vez. Ponzi redivivo.
Caben dos últimas consideraciones.
1.Volviendo al caso de la SS, es evidente que los fraudes piramidales lo son por naturaleza, dando igual el ánimo fraudulento o el carácter público del defraudador.
El efecto, en cualquier caso, viene a ser el mismo, siendo esto lo que realmente importa, el quebranto patrimonial de más o menos afectados.
Otra cosa es que, mientras la rueda siga girando no nos importe, en la infantil creencia de que no nos tocará. Pero lo que es insostenible por naturaleza, siempre termina por caer (paréntesis: de ahí que esa sea una reforma, la del estado del bienestar, que no admita demora).
2.El caso europeo, mona vestida de seda, es exactamente igual pero con plazos más perentorios que impone la cruda experiencia de los datos recurrentes.
Un esquema llamado a terminar regular que se podía haber solucionado de otra manera, desde la más simple estructura de avales con una permanencia en el tiempo vinculada a determinados hitos estadísticos (libertad de gobierno interior, mismo objetivo, sin desembolso dinerario) a una definitiva armonización fiscal con plasmación financiera en los deseados eurobonos.
Ahora que el mal está hecho es cuando algunos se dan cuenta que dotar con 440.000 millones de euros a 2013, para incluir el riesgo España, un programa tan descabellado como éste tiene poco sentido. ¿Rectificarán? Por favor, antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla… Buena semana a todos.
Fuente: (S.Macoy, Cotizalia)
Cambios para una Europa descontenta (I)
8 propuestas para una nueva Europa. En una serie de artículos (8 en total), vamos a presentar extractos del interesante y discutible contenido escrito por el profesor Eric Toussaint.
RobotFX en ningún modo comparte las opiniones y propuestas contenidos en estos articulos, simplemente debido a su interés en la coyuntura actual e impacto, los presenta para juicio de los lectores.
La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente.
En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.
Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea. El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegitima de la deuda pública. Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano.
En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.
PROPUESTA Nº1.
Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegitima
Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegitima porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad.
La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública.
La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante de las deudas públicas.
A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegitimidad.
Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar.
Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegitimas.
Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores.
Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegitima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegitimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública.
Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla.
Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegitima. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental.
En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegitimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente.
El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso.
También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales.
Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%. Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.
También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…
Ir a cambios para una Europa descontenta (II)
_____________________________
Fuente: Éric TOUSSAINT, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège -Bélgica- y de la Universidad Paris VIII - Francia-, Maître de conférences en la Universidad de Liège (Bélgica), presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo - Bélgica, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo Científico de ATTAC France. Autor de La Crisis global; Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad; Banco del sur y Nueva crisis internacional. Co-autor con Damien Millet de 60 preguntas/ 60 Respuestas sobre la deuda, el Fmi y el Banco Mundial.
RobotFX en ningún modo comparte las opiniones y propuestas contenidos en estos articulos, simplemente debido a su interés en la coyuntura actual e impacto, los presenta para juicio de los lectores.
La crisis sacude a la Unión Europea hasta los cimientos. Para varios países la soga de la deuda pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras responsables de la crisis se enriquecen y especulan sobre las deudas de los Estados. La patronal aprovecha la situación para lanzar una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe hacerse reduciendo los gastos sociales públicos, sino luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los más ricos. Para reducir el déficit, también es necesario reducir drásticamente los gastos de armamento, así como otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente.
En cambio es fundamental aumentar los gastos sociales, especialmente para amortiguar los efectos de la depresión económica. Pero más allá hay que considerar esta crisis como una posibilidad de romper con la lógica capitalista y realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá romper con el productivismo, incluir la cuestión ecológica, erradicar las diversas formas de opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente anticrisis, tanto a escala europea como localmente, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerza favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática.
Desde agosto de 2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas a la actual crisis europea. El elemento central es la necesidad de proceder a la anulación de la parte ilegitima de la deuda pública. Para ello, el CADTM recomienda la realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano.
En determinadas circunstancias dicha auditoría deberá combinarse con la suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la auditoría es llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es una condición necesaria pero insuficiente para sacar a los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que completarla con toda una serie de medidas de gran amplitud en diferentes ámbitos.
PROPUESTA Nº1.
Realizar una auditoría de la deuda pública con el fin de anular la parte ilegitima
Una parte importante de la deuda pública de los Estados de la Unión Europea es ilegitima porque es el resultado de una política deliberada de gobiernos que decidieron privilegiar sistemáticamente a una clase social, la clase capitalista, y a otros sectores favorecidos, en detrimento del resto de la sociedad.
La rebaja de impuestos sobre las rentas altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios y sobre los beneficios de las empresas privadas, han llevado a los poderes públicos a incrementar la deuda pública con el fin de cubrir el agujero producido por esa rebaja. Así, dichos poderes públicos han aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los hogares modestos que constituyen la mayoría de la población. A eso hay que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las instituciones financieras privadas, responsables de la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas públicas y ha hecho estallar la deuda pública.
La disminución de los ingresos provocada por la crisis que han causado las instituciones financieras privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con préstamos masivos. Ese marco general señala claramente la ilegitimidad de una parte importante de las deudas públicas.
A eso se añade, en cierto número de países sometidos al chantaje de los mercados financieros, otras fuentes evidentes de ilegitimidad.
Las nuevas deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en un contexto en el que los banqueros [y otras instituciones financieras privadas] utilizan el dinero conseguido de los bancos centrales a tipos de interés bajos para especular y obligar a los poderes públicos a aumentar las remuneraciones que éstos tienen que reembolsar.
Además en países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos por el FMI se han combinado con condiciones que constituyen una violación de los derechos económicos y sociales de las poblaciones. Con el agravante de que esas condiciones, una vez más, favorecen a los banqueros y a las demás instituciones financieras. También por estas razones son ilegitimas.
Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la voluntad popular: por ejemplo, mientras que en febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses votó contra los partidos que hicieron regalos a los bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición gubernamental continúa grosso modo la misma política que sus predecesores.
Más generalmente, en algunos países se asiste a la marginación del poder legislativo en beneficio de una política de hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A continuación el poder ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que llega incluso a organizar un debate sin votación en asuntos de primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una oficina de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o después una serie de Estados se enfrentará al riesgo concreto de la imposibilidad de pagar por falta de liquidez y que el reembolso de una deuda ilegitima es inaceptable por principios, conviene pronunciarse claramente por la anulación de las deudas ilegitimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre los culpables de la crisis, a saber, las instituciones financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los países de Europa del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como Islandia], es decir, los países que están sometidos al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública.
Esta propuesta se hace popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los irlandeses preguntados se pronunció a favor de la suspensión del pago de la deuda [«default» en inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por la suspensión del pago] titulaba el Sunday Independent, principal diario de la isla.
Según el CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse a la realización de una auditoría de los préstamos públicos [con participación ciudadana]. La auditoría debe permitir que se aporten al gobierno y a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para la anulación/repudio de la parte de la deuda identificada como ilegitima. El derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para ese tipo de acción soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del pago, con la experiencia sobre la cuestión de la deuda de los países del sur, el CADTM pone en guardia con respecto a una medida insuficiente, una simple suspensión del reembolso de la deuda, que puede revelarse contraproducente. Hay que hacer la moratoria sin añadido de intereses de demora sobre las sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania, no es imperativo decretar una moratoria unilateral durante la realización de la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura internacional la suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria incluso para los países que se creen a salvo del chantaje de los prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición imperativa para garantizar la objetividad y la transparencia de la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá estar compuesta especialmente por los diferentes órganos del Estado afectados, así como por auditores expertos de las finanzas públicas, economistas, juristas, constitucionalistas, representantes de los movimientos sociales… y permitirá determinar las distintas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y exigir que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con respecto a la auditoría, será necesario constituir una comisión ciudadana de auditoría sin participación gubernamental.
En cualquier caso es legítimo que las instituciones privadas y las personas físicas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de la anulación de deudas soberanas ilegitimas, ya que son ampliamente responsables de la crisis de la cual, por añadidura, se beneficiaron largamente.
El hecho de que deban asumir el coste de la anulación no es más que una justa vuelta hacia una mayor justicia social. Es importante elaborar un registro de los propietarios de títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas bajas y medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a sus autores a pagar las reparaciones y no permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que exigir justicia contra las autoridades que pusieron en marcha los préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de los tipos de interés, así como una ampliación del período de reembolso.
También seria conveniente efectuar una discriminación positiva a favor de los pequeños propietarios de títulos de la deuda pública que convendría reembolsar normalmente. Por otra parte, el montante de la parte del presupuesto del Estado destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse en función de la situación de la economía, de la capacidad de reembolso de los poderes públicos y del carácter irreducible de los gastos sociales.
Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que consistía, en particular, en reducir el 62% del stock de la deuda, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5%. Se podría definir una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.
También hay que adoptar un marco legal para evitar que se repita la crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas ilegales…
Ir a cambios para una Europa descontenta (II)
_____________________________
Fuente: Éric TOUSSAINT, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège -Bélgica- y de la Universidad Paris VIII - Francia-, Maître de conférences en la Universidad de Liège (Bélgica), presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo - Bélgica, miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo Científico de ATTAC France. Autor de La Crisis global; Una mirada al retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad; Banco del sur y Nueva crisis internacional. Co-autor con Damien Millet de 60 preguntas/ 60 Respuestas sobre la deuda, el Fmi y el Banco Mundial.
EE.UU. al borde de la suspension de pagos
EEUU llega al límite de su endeudamiento y suspende inversiones por el temor a la suspensión de pagos. El endeudamiento alcanzó hoy su techo de 14,3 billones de dólares.
Esta situación levó al Secretario del Tesoro, Timothy Geithner, a anunciar la suspensión temporal de las inversiones en dos planes de pensiones federales.
La medida significa que el Gobierno de EE.UU. comenzará a tomar prestado de estos dos fondos de pensiones para empleados públicos.
"Los pensionistas y empleados federales no se verán afectados por estas acciones", dijo hoy Geithner, en una carta enviada al Congreso de EE.UU. en la que anuncia estas medidas de emergencia, ya que estos fondos serán completados una vez que se eleve el techo de la deuda.
Geithner aseguró que estas medidas, sumadas a otras tomadas previamente, tienen como objetivo otorgar un margen de maniobra a EE.UU. de once semanas, hasta el próximo 2 de agosto, pese a que el tope de deuda se alcanzase hoy.
Por ello, el Secretario del Tesoro urgió de nuevo a los legisladores a llegar a un acuerdo y recordó "la importancia de una acción a tiempo para aumentar el techo de la deuda que proteja la credibilidad en los EE.UU. y evite catastróficas consecuencias económicas para los ciudadanos".
Algunos expertos han interpretado esta decisión del Tesoro de EE.UU. como una "señal de alerta" ante las consecuencias económicas negativas que supondría que el país se declarase en mora y que podría generar una nuevas crisis financiera.
"La suspensión de pagos no sólo aumentaría los costes de endeudamiento del Gobierno federal, si no también para las familias, negocios y Gobiernos locales, reduciendo la inversión y la creación de puestos de trabajo", agregó Geithner.
No es la primera vez que el Congreso de EE.UU. alcanza el tope de su capacidad de endeudamiento, algo que ya ocurrió en 1995 y 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton, pero los analistas señalan que la deuda nacional y los intereses generados entonces eran menores que los que enfrenta ahora el Tesoro.
Se espera que el déficit fiscal de este año de EE.UU. alcance la cifra récord de 1,5 billones de dólares.
Congresistas republicanos y demócratas ya han señalado que no aprobarán una elevación del tope de deuda hasta que se presenten unos planes específicos para reducir el abultado déficit fiscal del país que permitan el descenso de los altos niveles de deuda nacional.
El presidente Barack Obama propuso en abril un plan económico para reducir el déficit de EE.UU. en 4 billones de dólares en los próximos 12 años, basado principalmente en recortes en el gasto, pero que también incluye la subida de impuestos.
La batalla en el Congreso se vislumbra complicada a pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano John Boehner, afirmó ayer en una entrevista televisiva que está a favor de "alcanzar un acuerdo en este punto".
No obstante, Boehner precisó que para elevar el techo de la deuda "todo debe estar en la mesa, excepto la subida de impuestos". "Porque la subida de impuestos dañará nuestra economía y la capacidad para crear puestos de trabajo", explicó.
Por su parte, una carta firmada por la Cámara de Comercio de EE.UU. y otras asociaciones empresariales instaron a los legisladores a que "aumenten el techo de la deuda como elemento crítico para asegurar la confianza de los inversores globales en la solvencia" del país.
De llegarse al 2 de agosto sin una aprobación del límite de endeudamiento, los expertos afirman que EE.UU. debería decidir cuáles de los prestamistas continuarían recibiendo los pagos y cuáles verían suspendidos sus cobros, lo que tendría inciertas consecuencias para la economía estadounidense y mundial.
